Las transferencias intergubernamentales en México, objetivos, implementación e impacto en el esfuerzo fiscal de los gobiernos locales: un acercamiento teórico - Romo de Vivar Mercadillo, Manuel Ricardo; Gómez Monge, Rodrigo (CIMEXUS, 2023)
La investigación se centra en analizar, desde la teoría del federalismo fiscal, la armonización y correspondencia de las relaciones que tienen las transferencias intergubernamentales: con la función distribución de la renta (ingreso) y la función asignación de recursos (gasto); con sus objetivos de equidad fiscal y eficiencia económica; con su implementación a través de transferencias no condicionadas (participaciones) y condicionadas (aportaciones) y; con su impacto en el esfuerzo fiscal (papel matamoscas o pereza fiscal) en los gobiernos locales de México. El punto principal a considerar, en el estudio para México, es examinar la correspondencia que debe de existir entre los objetivos e implementación de las transferencias intergubernamentales y su impacto en el esfuerzo fiscal de los gobiernos locales. Sin ninguna duda, es la implementación de las transferencias federales (participaciones (ramo 28) y aportaciones (ramo 33)), y su impacto en el esfuerzo fiscal (positivo o negativo), lo que nos permite concocer la relación o no de las funciones tradicionales del sector público (distribución de la renta y asignación de recursos) y los objetivos buscados de equidad fiscal y eficiencia económica establecidos por el gobierno federal para compensar los desequilibrios fiscales (vertical y horizontal) de los gobiernos locales. Por lo que, sí la implementación de las transferencias intergubernamentales no se encuentra relacionada con el objetivo deseado y/o que el objetivo no quede claro en su implementación, se generarán ineficiencias económicas por el origen y manejo de los recursos públicos o deficiencias en el bienestar social de la población. En el caso de México, la incorporación del ramo 33 (aportaciones federales) en el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal en 1998 y su implementación a partir de 1999 ha ocasionado, de acuerdo a varios estudios empiricos, un impacto negativo (pereza fiscal) en el esfuerzo fiscal en la mayoria de los gobiernos locales, debido a la falta de clariadad en los objetivos de cada uno de sus fondos y a las variables de medición en sus formulas de asignación de recursos que no corresponden con los objetivos.