Las transferencias intergubernamentales en México, objetivos, implementación e impacto en el esfuerzo fiscal de los gobiernos locales: un acercamiento teórico
Resumen
armonización y correspondencia de las relaciones que tienen las transferencias
intergubernamentales: con la función distribución de la renta (ingreso) y la
función asignación de recursos (gasto); con sus objetivos de equidad fiscal y
eficiencia económica; con su implementación a través de transferencias no
condicionadas (participaciones) y condicionadas (aportaciones) y; con su impacto
en el esfuerzo fiscal (papel matamoscas o pereza fiscal) en los gobiernos
locales de México. El punto principal a considerar, en el estudio para México,
es examinar la correspondencia que debe de existir entre los objetivos e implementación
de las transferencias intergubernamentales y su impacto en el
esfuerzo fiscal de los gobiernos locales. Sin ninguna duda, es la implementación
de las transferencias federales (participaciones (ramo 28) y aportaciones
(ramo 33)), y su impacto en el esfuerzo fiscal (positivo o negativo), lo que
nos permite concocer la relación o no de las funciones tradicionales del sector
público (distribución de la renta y asignación de recursos) y los objetivos
buscados de equidad fiscal y eficiencia económica establecidos por el gobierno
federal para compensar los desequilibrios fiscales (vertical y horizontal) de los
gobiernos locales. Por lo que, sí la implementación de las transferencias intergubernamentales
no se encuentra relacionada con el objetivo deseado y/o que
el objetivo no quede claro en su implementación, se generarán ineficiencias
económicas por el origen y manejo de los recursos públicos o deficiencias en
el bienestar social de la población. En el caso de México, la incorporación
del ramo 33 (aportaciones federales) en el capítulo V de la Ley de Coordinación
Fiscal en 1998 y su implementación a partir de 1999 ha ocasionado, de acuerdo a varios estudios empiricos, un impacto negativo (pereza fiscal) en el
esfuerzo fiscal en la mayoria de los gobiernos locales, debido a la falta de clariadad
en los objetivos de cada uno de sus fondos y a las variables de medición en
sus formulas de asignación de recursos que no corresponden con los objetivos.
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